Socios de las operaciones

La OMD reúne a las administraciones aduaneras. En el marco del acuerdo de cooperación con la OIMAP, transmite las alertas a los servicios de control, comparte sus análisis de riesgos y participa en la formación de los agentes. Los aduaneros suelen ser los primeros en interceptar un objeto sospechoso.

El acuerdo prevé intercambios de datos según un protocolo seguro, ejercicios conjuntos y corresponsales identificados en cada administración.

Interpol facilita la cooperación entre policías y gestiona bases de datos sobre obras robadas. La asociación con la OIMAP tiene por objeto vincular el registro BIOP con esas bases, de modo que una obra señalada en uno sea conocida en la otra.

Oficiales de enlace participan en las operaciones cuando se abre una investigación penal. El acuerdo precisa las normas de protección de los datos personales.

La UNESCO es la guardiana de la Convención de 1970 sobre las transferencias ilícitas de bienes culturales. La OIMAP trabaja con ella en la sensibilización, el apoyo jurídico a los Estados y la protección de los sitios. Ambas organizaciones realizan formaciones conjuntas.

El marco jurídico de referencia se completa con el Protocolo de La Haya de 1954 y el Convenio UNIDROIT de 1995, cuya aplicación promueve la OIMAP.

El Consejo Internacional de Museos aporta la experiencia de los conservadores. Ayuda a identificar los objetos incautados, publica listas rojas de objetos en riesgo y participa en las restituciones. Su código deontológico inspira las normas de la OIMAP para las adquisiciones de los museos.

Los expertos del ICOM pueden ser movilizados para examinar un objeto en las veinticuatro a setenta y dos horas siguientes a una incautación.

Cada acuerdo precisa los objetivos, los contactos, los intercambios de datos, la confidencialidad, la financiación y las modalidades de revisión. Se revisa cada tres años. Un comité de coordinación, que se reúne dos veces al año, evalúa la aplicación y propone mejoras.

Pueden asociarse nuevos socios a propuesta de un Estado miembro, previo dictamen del Consejo y examen de las garantías deontológicas.