Reconocimiento y exequátur

La solicitud se presenta ante el juez del Estado donde se desea hacer ejecutar el laudo, es decir, donde se encuentran los bienes o la sede de la parte condenada. Se presenta generalmente en forma de solicitud, a veces sin debate contradictorio en un primer momento (procedimiento sobre solicitud).

El solicitante presenta el laudo certificado, el convenio arbitral, las traducciones y la prueba de notificación. Se aconseja encarecidamente un abogado local.

La parte condenada puede impugnar el exequátur invocando los motivos previstos en la convención. También puede interponer una acción de anulación ante el juez de la sede del arbitraje, generalmente París, en el plazo de un mes desde la notificación del laudo.

Una acción de anulación no es suspensiva salvo decisión contraria del juez. Los motivos de anulación son limitados: incompetencia, composición irregular, vulneración de los derechos de la defensa, orden público.

Una vez obtenido el exequátur, la parte vencedora puede recurrir a las medidas previstas por el derecho local: embargo bancario, embargo de créditos, embargo de obras, hipoteca judicial. Pueden solicitarse medidas cautelares antes o durante el procedimiento para evitar la disipación de los bienes.

Para las obras, el embargo y la venta forzosa plantean dificultades específicas: peritaje, conservación, publicidad. La secretaría puede orientar hacia profesionales especializados.

Contra un Estado, la ejecución forzosa se topa con las inmunidades de ejecución. Los bienes utilizados con fines comerciales son embargables; los afectos a misiones diplomáticas o culturales no lo son. El tribunal tiene en cuenta estas reglas y favorece soluciones negociadas.

Los Estados que participan en un arbitraje del TAO se comprometen generalmente a ejecutar el laudo. Los acuerdos de cooperación prevén a veces modalidades de ejecución escalonada.