Excavaciones subacuáticas

El anexo de la Convención de 2001 fija las reglas para toda excavación: un proyecto científico previo, un arqueólogo cualificado, un plan de conservación de los objetos extraídos, una financiación suficiente, una documentación completa y una publicación de los resultados. Ningún objeto puede venderse, canjearse ni dispersarse.

El proyecto se somete a la autoridad competente, que puede rechazarlo si no respeta estas reglas. Los Estados deben asegurarse también de que los equipos extranjeros cooperen con las instituciones locales.

Las excavaciones submarinas utilizan métodos adaptados: localización con sónar, levantamientos por fotogrametría, cuadriculado del sitio, aspiración controlada del sedimento, registro tridimensional de los objetos. Los buceadores trabajan en equipo, durante períodos limitados, con protocolos de seguridad rigurosos.

Los objetos extraídos se colocan de inmediato en tinas de agua dulce o de agua de mar para evitar alteraciones. Su tratamiento —desalación, estabilización, secado controlado— puede durar años.

Un objeto excavado es inútil si no se conserva y documenta. Cada excavación prevé, pues, un laboratorio de conservación, un espacio de almacenamiento y un presupuesto de tratamiento. Los resultados se publican en un plazo de cinco años: informe científico, base de datos, exposición.

Las colecciones se entregan a un museo o a una institución pública, que se compromete a conservarlas y a hacerlas accesibles. Ninguna colección puede dispersarse sin autorización de la autoridad competente.

Cada proyecto apoyado incluye un apartado de formación: prácticas para estudiantes, formación de buceadores-arqueólogos locales, talleres de conservación. El objetivo es que los Estados dispongan a término de las competencias necesarias para llevar a cabo y controlar ellos mismos las excavaciones.

En 2024 se formó así a ciento veinte personas, la mitad de ellas en países que hasta entonces no contaban con ningún equipo de arqueología subacuática.