Marco jurídico nacional

Cada ficha cita la ley principal que protege el patrimonio cultural, sus eventuales modificaciones y los textos de aplicación. Precisa la definición nacional de bien cultural, pues esta varía: algunos Estados adoptan un criterio de antigüedad, otros un criterio de valor o de interés histórico.

Se mencionan las listas o inventarios nacionales cuando existen. Un bien clasificado o inscrito suele estar sujeto a normas más estrictas de circulación y cesión.

La ficha indica si la exportación de un bien cultural exige una autorización, un certificado o una simple declaración. Describe la autoridad que expide el documento, los plazos habituales y los motivos de denegación. Señala también los bienes que no pueden salir del territorio en ningún caso.

Para la importación, la ficha recuerda los justificantes de procedencia que las aduanas pueden exigir. Esta información complementa el servicio de licencia de importación y exportación de la Ventanilla de la OIMAP, cuyo plazo es de diez a veinte días.

El derecho nacional regula la venta de obras de arte mediante normas relativas a la autorización de los operadores, la llevanza de un registro de transacciones y la verificación de la procedencia. La ficha resume estas obligaciones e indica las profesiones afectadas: casas de subastas, galerías, anticuarios, plataformas en línea.

Precisa asimismo el plazo de conservación de los documentos y las modalidades de comunicación a las autoridades en caso de control.

La ficha mantiene actualizada la lista de las convenciones ratificadas por el Estado y la fecha de ratificación. Para los Estados cuyo procedimiento está en curso, menciona la etapa alcanzada. En efecto, la adhesión a la OIMAP supone ratificar, o comprometerse a ratificar, estos textos.

Indica, por último, si las Directivas de la OIMAP de 2019, y en particular la directiva n.º 2019-07 sobre la autenticación de bienes culturales, han sido transpuestas al derecho interno, y de qué forma.

Se resumen las sanciones aplicables al tráfico ilícito, a la exportación sin autorización o a la declaración falsa de procedencia: multa, decomiso, inhabilitación para ejercer, penas privativas de libertad. La ficha remite a los textos para el detalle.

También se indican las vías de recurso abiertas a particulares y profesionales, con la autoridad competente. Para una ayuda más personalizada, un Estado puede solicitar la asistencia jurídica de la Organización.