Principios de los litigios de procedencia

El demandante debe establecer primero que era propietario, presentando los títulos, las herencias, los inventarios. Debe demostrar después las circunstancias de la pérdida: robo, expolio, venta forzosa, confiscación, pérdida durante un conflicto. La prueba puede resultar de un haz de indicios cuando los documentos han desaparecido.

El tribunal tiene en cuenta las circunstancias históricas: las víctimas de persecuciones no siempre han podido conservar o presentar documentos. Los estándares de prueba se adaptan.

El adquirente de buena fe es el que ignoraba legítimamente el defecto de título. No basta con invocar la ignorancia: el tribunal examina la diligencia desplegada antes de la compra. Verificación de las bases de datos, estudio de la procedencia, precio coherente, documentos de exportación: otros tantos elementos que se valoran con una exigencia creciente.

Para las obras de alto riesgo (períodos de guerra, regiones en conflicto), la exigencia de diligencia es mayor. La falta de investigación podría hacer perder la protección.

En algunos derechos, el adquirente se convierte en propietario tras un plazo (usucapión). En otros, el propietario inicial puede actuar durante mucho tiempo. El tribunal aplica el derecho elegido, pero puede negarse a extraer de él efectos contrarios al orden público internacional, en particular en caso de expolio.

La equidad desempeña un papel importante en la búsqueda de una solución: reparto del valor, restitución mediante indemnización, préstamo de larga duración. Los árbitros pueden proponer estas soluciones si las partes consienten.

Los Principios de Washington de 1998 y las declaraciones posteriores abogan por soluciones « justas y equitativas » para los bienes expoliados. No son vinculantes, pero guían a los árbitros, que se remiten a ellos para valorar las circunstancias del expolio y la diligencia del adquirente.

La Convención de la UNESCO de 1970 y la Convención de UNIDROIT de 1995 inspiran igualmente el razonamiento del tribunal, sin aplicarse directamente entre personas privadas salvo remisión contractual o derecho nacional que las incorpore.