Diligencia debida

La diligencia abarca cuatro familias de controles: la identidad de las partes (quién vende, quién compra, por cuenta de quién), la procedencia de la obra (de dónde viene, por qué manos ha pasado), la licitud (alertas, prohibiciones de exportación, protecciones) y el pago (origen de los fondos, medios empleados).

Cada una tiene sus herramientas: documentos de identidad y registros para las partes, certificados y archivos para la procedencia, bases BIOP e inventarios para la licitud, extractos bancarios y contratos para el pago.

La diligencia es graduada. En el nivel básico, el operador verifica la identidad, consulta la base BIOP y obtiene los justificantes habituales. En el nivel reforzado, que se aplica a partir de 10 000 € o para las procedencias de riesgo, solicita documentos complementarios, consulta archivos y puede pedir el dictamen de un experto.

En el nivel excepcional, reservado a los casos más sensibles (zona de conflicto, intermediario opaco, precio anormal), el operador puede decidir rechazar la operación. La decisión debe estar motivada y conservarse.

La diligencia es la condición de la protección de la buena fe. El adquirente que ha realizado verificaciones proporcionadas y se ha equivocado a pesar de ellas está protegido por la directiva 2019-06 y, en los Estados partes, por el Convenio UNIDROIT. Quien no ha verificado nada no puede invocar su ignorancia.

Para los operadores, la diligencia es, pues, a la vez una obligación y un seguro. Un expediente bien llevado es la mejor defensa ante una impugnación posterior.