Cooperación técnica

No todos los Estados tienen los mismos medios para aplicar los convenios internacionales. Algunos no disponen aún de una legislación actualizada, otros carecen de agentes formados o de herramientas para identificar los bienes culturales. Estas diferencias crean brechas que los traficantes aprovechan.

La cooperación técnica busca reducir estas diferencias, en interés de todos los miembros: un eslabón débil fragiliza el conjunto del dispositivo.

Cualquier Estado miembro puede presentar una solicitud, por medio de su punto focal. Se concede prioridad a los Estados cuya contribución corresponde a los primeros tramos de la escala y a los que acaban de adherirse, en período de prueba o en los dos años siguientes a su adhesión.

Las organizaciones regionales y los establecimientos públicos pueden asociarse al proyecto, pero la solicitud sigue siendo responsabilidad del Estado.

La asistencia jurídica ayuda a incorporar los convenios y a redactar los textos nacionales. La asistencia técnica abarca la formación, el equipamiento y la organización de los servicios. La solicitud de ayuda en línea centraliza el procedimiento y permite seguir el expediente.

Estas vertientes son complementarias: un proyecto de legislación suele ir acompañado de una formación de los agentes encargados de aplicarla.

Las cinco oficinas, en París, Ginebra, Nueva York, Singapur y Nairobi, garantizan la cercanía con los solicitantes. Conocen los contextos regionales, los idiomas y las redes, y transmiten las misiones de la Sede.

La oficina competente es el primer interlocutor para preparar la solicitud, pero la decisión de concesión se toma en la Sede.

La cooperación técnica se financia con una parte del presupuesto ordinario, con contribuciones voluntarias de los Estados y con socios, como las agencias de cooperación o las fundaciones. Los proyectos de gran envergadura pueden ser objeto de cofinanciación.

Los resultados se presentan cada año en el informe de actividad y en las actividades de la Organización.