Nombramiento de los árbitros

El demandante propone a su árbitro en la solicitud, el demandado en su contestación. La secretaría transmite las propuestas, recoge las declaraciones de independencia y concede quince días a las partes para formular objeciones. El consejo confirma los nombramientos.

El presidente del colegio es elegido por los dos árbitros, previa consulta a las partes, en un plazo de treinta días. Para un árbitro único, las partes se ponen de acuerdo; en su defecto, lo designa el consejo.

Todo árbitro debe declarar, antes de su confirmación, cualquier circunstancia que pueda hacer dudar de su independencia: vínculos profesionales, financieros o personales, nombramiento reciente por una de las partes, participación en un asunto conexo. Esta obligación se mantiene hasta el laudo.

Una parte puede solicitar la recusación de un árbitro si estima tener dudas legítimas. El consejo resuelve tras oír al árbitro y a las partes. La solicitud debe presentarse en los quince días siguientes a la revelación del motivo.

Si un árbitro fallece, dimite, es recusado o queda impedido de forma duradera, se le sustituye según el procedimiento inicial. El tribunal decide, tras oír a las partes, si se mantienen los actos ya realizados.

Para evitar estrategias dilatorias, la dimisión de un árbitro en un momento tardío se controla estrictamente. Las partes pueden acordar proseguir la instancia con los dos árbitros restantes en ciertos casos, con el acuerdo del consejo.

Los honorarios los fija el tribunal según el baremo y teniendo en cuenta el tiempo dedicado, la complejidad y la cuantía en juego. Las partes no negocian directamente con los árbitros. Esta regla evita cualquier presión sobre la independencia.

Un árbitro puede solicitar un complemento si el asunto adquiere una dimensión imprevista; la secretaría informa de ello a las partes, que pueden impugnarlo.