Convención de Nueva York

La convención establece una regla sencilla: los Estados reconocen los laudos arbitrales extranjeros como obligatorios y los ejecutan conforme a sus normas de procedimiento, sin condiciones más rigurosas que para los laudos nacionales. La parte que solicita la ejecución presenta el original o una copia certificada del laudo y del convenio arbitral.

El juez que conoce no reexamina el fondo del litigio. Solo controla el cumplimiento de condiciones formales y la ausencia de motivos de denegación.

Los motivos de denegación son limitados y se interpretan de forma estricta: incapacidad de una parte o invalidez del convenio arbitral, vulneración de los derechos de la defensa, laudo que excede los términos del convenio, constitución irregular del tribunal, laudo aún no obligatorio o anulado, no arbitrabilidad del litigio o contrariedad con el orden público del país de ejecución.

En la práctica, las denegaciones son raras. El TAO vela por que sus procedimientos respeten escrupulosamente los derechos de la defensa y las formalidades, a fin de minimizar estos riesgos.

Algunos Estados han formulado reservas, por ejemplo limitando la convención a los laudos dictados en otro Estado parte o a los litigios comerciales. La secretaría mantiene una tabla de reservas y de prácticas locales.

Para los Estados cuyos jueces están menos familiarizados con el arbitraje, la secretaría recomienda recurrir a un abogado local y prepara traducciones certificadas del laudo y del convenio arbitral.

La Convención de Nueva York se completa con instrumentos regionales (en particular las convenciones de Ginebra y de Panamá), acuerdos bilaterales y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional de 1985, adoptada en numerosos Estados. El TAO se apoya en estos textos para los Estados que no son partes en la convención.

Para los Estados no partes, la ejecución puede pasar por convenios bilaterales o por el derecho nacional. La secretaría asesora a las partes caso por caso.