La Carta del coleccionista

Un coleccionista de buena fe puede llegar a ser propietario de una obra robada o exportada ilícitamente sin saberlo. Las consecuencias son graves: embargo, restitución, pérdida económica. La Carta ayuda a reducir este riesgo mediante verificaciones sencillas y documentos conservados.

Sirve también de referencia común entre coleccionistas, galerías, casas de subastas y museos, que comparten así un mismo vocabulario de la diligencia.

La Carta está destinada a particulares, sociedades que poseen colecciones, fundaciones y profesionales del mercado. Las instituciones públicas pueden inspirarse en ella para sus políticas de adquisición, además de sus propias normas.

Puede citarse en un contrato, un reglamento interno o un código deontológico, indicando su versión.

Las diez prácticas se apoyan en los instrumentos internacionales: Convención de la UNESCO de 1970 sobre las transferencias ilícitas, Convenio de UNIDROIT de 1995 sobre los bienes robados o exportados ilegalmente, Protocolo de La Haya de 1954 y Directrices de la OIMAP 2019.

Traducen el principio de diligencia debida: quien compra debe poder demostrar que tomó las precauciones esperables de un adquirente prudente.

La adhesión a la Carta es libre. Un coleccionista o una institución puede declarar su compromiso ante la Ventanilla, que expide un certificado de adhesión. Este no es una certificación, sino una señal de seriedad apreciada por los socios.

El certificado puede retirarse en caso de incumplimiento comprobado, tras un intercambio con la persona interesada.

Varias prácticas se apoyan en servicios ya descritos: la consulta del BIOP, los certificados de la Ventanilla y la verificación de un documento. La Carta los organiza en un itinerario coherente.

No añade ningún trámite administrativo. Solo recomienda utilizar, en el orden útil, lo que ya existe.