Convención UNESCO de 1970

El primer pilar es preventivo: los Estados constituyen inventarios, crean servicios de protección, forman a su personal y sensibilizan al público. El segundo es el control: un certificado de exportación acompaña a cada bien cultural que sale del territorio, y se prohíbe la importación de bienes robados en un museo o una institución religiosa o civil.

El tercero es la restitución: un Estado parte puede pedir la restitución de un bien cultural robado e inventariado, mediante una indemnización equitativa al adquirente de buena fe. Los gastos corren a cargo del Estado requirente.

La Convención es un tratado entre Estados: no crea, por sí misma, obligaciones directas para los particulares. Son las leyes nacionales de transposición las que castigan al traficante y obligan al operador.

Por eso el Convenio UNIDROIT de 1995, que se dirige al derecho privado y a los jueces, la complementa. Y por eso las directivas OIMAP de 2019 fijan obligaciones precisas para los operadores del mercado.

Para un operador, la Convención se traduce en reglas sencillas: documentos de exportación, procedencia anterior a 1970, prudencia con los bienes arqueológicos. Las casas de subastas autorizadas exigen ya estos elementos para los lotes más sensibles.

Los museos, por su parte, han adoptado políticas de adquisición alineadas con la Convención y con el código deontológico del ICOM. Muchos han puesto en marcha programas de investigación de procedencia sobre sus colecciones.