Contribuciones financieras

Las contribuciones son debidas por todos los Estados miembros, sin excepción. Financian el funcionamiento de la Secretaría, las oficinas de París, Ginebra, Nueva York, Singapur y Nairobi, los servicios de la Ventanilla, los programas de formación y la cooperación técnica.

El importe lo fija la Asamblea General, que aprueba el presupuesto y la escala. Cada Estado dispone de un voto, sea cual sea el nivel de su contribución: la participación financiera no otorga ningún derecho adicional.

La escala combina dos criterios: el producto interior bruto del Estado y el peso de su mercado del arte. Distribuye a los Estados en cinco tramos, del más modesto al más elevado. La contribución mínima es de 12 000 euros al año y la máxima de 2,4 millones de euros (importes indicativos).

Esta progresividad permite que los Estados de tamaño modesto participen plenamente, a la vez que vela por que los mayores mercados asuman una parte proporcionada.

El ciclo presupuestario sigue el año natural. Las solicitudes de contribución se envían en enero. El pago se espera antes del 31 de marzo, por transferencia o domiciliación. En abril se envía un recordatorio a los Estados que no hayan pagado.

Las cuentas del ejercicio se cierran en la primavera siguiente, se someten a una auditoría externa y se presentan después a la Asamblea General. A continuación se publica el informe financiero.

La Organización publica cada año un informe financiero detallado: ingresos, gastos por programa, estado de los atrasos. Las cuentas son auditadas por una firma independiente, designada por la Asamblea General por un período limitado para garantizar su imparcialidad.

Los Estados pueden consultar a la Dirección de Relaciones con los Estados Miembros sobre el uso de su contribución, y los puntos focales reciben un estado individual de su situación.

Un Estado que se enfrente a una dificultad pasajera puede solicitar un calendario de pagos. La Dirección examina la solicitud con benevolencia y propone un plan de liquidación en varios meses. La Organización prefiere siempre el diálogo a la sanción.

No obstante, un retraso de más de veinticuatro meses conlleva la pérdida del derecho de voto, como explican las normas de suspensión.