Reglamentación del patrimonio subacuático

Fija cuatro principios: preservar el patrimonio para la humanidad, privilegiar la conservación in situ, prohibir la explotación comercial y cooperar entre Estados. Organiza la coordinación de los Estados cuando un hallazgo afecta a varias zonas marítimas.

No cuestiona el derecho del mar, pero precisa la protección del patrimonio cultural en cada zona: aguas territoriales, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental y Zona internacional.

Las leyes nacionales precisan los procedimientos: declaración de los hallazgos, autorización de excavación, sanción del saqueo, estatuto de propiedad. Muchos Estados consideran los pecios como dominio público; otros reconocen derechos a los propietarios de barcos o a quienes los han descubierto.

La OIMAP ayuda a sus miembros a modernizar su legislación y a ratificar la Convención. Propone una ley modelo y un acompañamiento para la redacción.

Un operador del mercado no debe adquirir, vender ni exponer objetos procedentes de pecios sin prueba de procedencia lícita: autorización de excavación, declaración a la autoridad, ausencia de clasificación. En su defecto, el objeto se presume ilícito.

Las directivas de la OIMAP prevén una vigilancia reforzada para los objetos de origen subacuático y la obligación de informar a la unidad BIOP en caso de duda. Los incumplimientos pueden conllevar la pérdida de la autorización.

La OIMAP aboga por una ratificación más amplia de la Convención de 2001 y por la armonización de las legislaciones nacionales. Apoya a los Estados que desean adoptar reglas sobre la importación de objetos de origen subacuático, para cerrar las salidas del saqueo.

Trabaja con la UNESCO y las organizaciones regionales en protocolos de aplicación, en particular sobre los pecios en zonas donde varios Estados tienen derechos.