Aplicación de las directivas

Los Estados encuentran tres dificultades principales. Primero, los medios: una administración pequeña no siempre dispone de los juristas necesarios. Después, el calendario: una ley debe pasar por el Parlamento, lo que puede llevar varios años. Por último, la coherencia: la directiva debe encajar con el derecho existente.

La Secretaría responde con leyes modelo, misiones de apoyo y talleres entre pares. Quince Estados han recibido una misión de apoyo desde 2020.

Cada año, la Secretaría evalúa la transposición según cuatro criterios: existencia de una ley, cobertura de todas las obligaciones, existencia de sanciones y designación de una autoridad de control. Los resultados se publican en forma de panel de control.

Un Estado cuya transposición se juzga insuficiente es invitado a presentar un plan de acción en seis meses. Si el plan no se cumple, la cuestión puede llevarse ante la Asamblea, que puede adoptar una recomendación pública.

La transposición ha tenido efectos medibles: el número de comunicaciones a la BIOP ha aumentado un 38 % desde 2019, el plazo medio de tramitación de un certificado ha disminuido un 12 % y la tasa de litigios de procedencia ha retrocedido un 21 %. Estos avances son más marcados en los Estados que transpusieron pronto.

Van acompañados de una mayor confianza de los compradores extranjeros, medida por las encuestas del Observatorio. Es uno de los argumentos que esgrimen los Estados que buscan acelerar su calendario.