Ética e integridad

Una organización que certifica obras, expide títulos de propiedad y arbitra litigios influye directamente en el valor de los bienes. Una simple sospecha de parcialidad basta para debilitar la confianza del mercado y de los Estados.

Por tanto, la ética no es un complemento sino una condición de la acción. Se aplica a los agentes, a los expertos acreditados, a los miembros de los órganos y a los proveedores de servicios.

Cinco valores guían las decisiones: integridad, independencia científica, cooperación, transparencia y respeto a las comunidades de origen. Se recuerdan en la página Valores.

Cada norma de conducta se vincula a uno de estos valores, lo que permite interpretar las situaciones no previstas por el texto.

El Comité de Arbitraje y Deontología, uno de los cinco comités permanentes, supervisa el sistema. Un responsable de ética, adscrito al Secretario General, asesora a los agentes, recibe las denuncias e instruye los casos.

Los Estados miembros son informados cada año de la actividad del sistema, de forma anonimizada, en el informe de ética presentado a la Asamblea General.

Todo nuevo agente sigue una formación en ética durante los tres primeros meses. Cada dos años se organiza una actualización. Los expertos acreditados reciben un módulo adaptado a sus responsabilidades.

Casos prácticos, extraídos de situaciones reales anonimizadas, ilustran los dilemas más habituales: regalos, invitaciones, relaciones con marchantes y coleccionistas.

Un incumplimiento acreditado puede acarrear una amonestación, una suspensión, la retirada de la acreditación o el despido, según su gravedad. Toda persona investigada es oída y puede estar asistida.

Las decisiones disciplinarias pueden ser objeto de recurso ante una instancia independiente, prevista por el estatuto del personal.