Condiciones de presentación

El convenio puede figurar en el contrato inicial (cláusula compromisoria) o firmarse tras el surgimiento del litigio (compromiso). Debe ser escrito, pero un intercambio de correos electrónicos o un documento de venta que incorpore las condiciones generales de una casa bastan si mencionan claramente el arbitraje.

La remisión al reglamento del TAO debe ser explícita. Una cláusula que mencione simplemente « el arbitraje en París » sin designar una institución no es suficiente; el tribunal puede, no obstante, completarla si las partes consienten.

Toda persona física o jurídica con capacidad para contratar puede ser parte. Los menores y los mayores protegidos deben estar representados. Los Estados pueden ser partes cuando han consentido, por tratado o declaración, o cuando el arbitraje resulta de un contrato comercial del que son partes.

Varias partes pueden agruparse en un mismo procedimiento si las pretensiones nacen de la misma operación y si el convenio lo permite. Un tercero interviene con el acuerdo de todas las partes.

Son arbitrables los litigios patrimoniales: precio, garantías, peritajes, restituciones entre personas privadas, responsabilidad. No lo son las cuestiones penales, fiscales o relativas al estado de las personas. El tribunal verifica de oficio esta condición.

El plazo de prescripción depende del derecho aplicable; por defecto, el reglamento retiene cinco años desde el descubrimiento del daño. Los recursos de certificación deben ejercerse en los sesenta días siguientes a la decisión de revisión.

Cuando se impugna una decisión de certificación, el solicitante debe pedir primero una revisión a la dirección de certificación, en treinta días. Si se confirma la denegación, puede acudir al TAO en los sesenta días siguientes. La competencia del tribunal resulta entonces del reglamento de certificación aceptado al presentar el expediente.

El tribunal no reexamina la obra por sí mismo: controla la regularidad del procedimiento, la motivación de la decisión y, en su caso, ordena un contraperitaje encomendado a peritos independientes.