Fondo de Protección

El Fondo financia proyectos concretos: vigilancia de sitios arqueológicos, inventarios digitales de colecciones, equipamiento de laboratorios de conservación, formación de agentes de aduanas, gastos de restitución, campañas de sensibilización. Privilegia los proyectos que producen un efecto duradero y que implican a las comunidades.

No financia ni los gastos corrientes de una administración ni las compras de obras. Busca crear capacidades locales en lugar de sustituir a los Estados.

Pueden presentar un proyecto las administraciones del patrimonio, los museos, las universidades, las asociaciones y las comunidades de un Estado miembro. Los Estados de ingresos limitados tienen prioridad. Los proyectos deben inscribirse en las prioridades del Fondo, presentar un presupuesto realista y prever una evaluación.

Un comité de selección, compuesto por expertos independientes, examina los expedientes dos veces al año. Tiene en cuenta la urgencia, el valor patrimonial, la calidad del proyecto y el equilibrio geográfico.

El Fondo lo gestiona la Dirección de Protección del Patrimonio, bajo el control de un consejo de supervisión de siete miembros, entre ellos dos representantes de los donantes. Sus cuentas las audita cada año un despacho independiente y se publican.

Cada proyecto da lugar a un informe de avance, un informe final y, tres años después, una evaluación de impacto. Los resultados son accesibles al público. Los donantes pueden seguir el uso de sus contribuciones.

Los proyectos financiados por el Fondo son visibles: un sitio arqueológico cercado y vigilado, una sala de conservación equipada, una clase formada, un objeto devuelto a su pueblo. Los beneficiarios dan fe del efecto concreto de estos apoyos en su vida cotidiana.

La OIMAP organiza cada año un encuentro con los donantes, donde los responsables de proyectos presentan sus logros. Este diálogo refuerza la confianza y suscita nuevas vocaciones de apoyo.