Asistencia jurídica

El Protocolo de La Haya de 1954 protege los bienes culturales en caso de conflicto armado. La Convención de la UNESCO de 1970 tiene por objeto prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas. La Convención de UNIDROIT de 1995 regula la restitución de los bienes robados o exportados ilícitamente.

Estos tres textos constituyen la base de la acción de la Organización. Los Estados que desean adherirse a la OIMAP se comprometen a ratificarlos o a comprometerse a ratificarlos.

El apoyo puede referirse al análisis de la compatibilidad del derecho nacional con los convenios, la redacción de un proyecto de ley, la elaboración de reglamentos de aplicación, la creación de procedimientos de restitución o de registros de objetos culturales.

También puede referirse a la cooperación judicial: asistencia mutua, reconocimiento de resoluciones, procedimientos de embargo y de decomiso.

Una solicitud se encomienda a un jurista de referencia, que se comunica con los servicios nacionales y propone un plan de trabajo. Los dictámenes se redactan en el idioma de la solicitud y los revisa un segundo jurista. Los textos se tratan con confidencialidad hasta su publicación oficial.

Los juristas no sustituyen a las autoridades nacionales: asesoran, pero la elección de las soluciones y la adopción de los textos corresponden al Estado.

Las Directrices n.º 2019-07 fijan un marco común de prácticas para los Estados miembros: identificación de los bienes, trazabilidad, diligencia debida de los operadores, cooperación entre servicios. Su adopción es una condición de adhesión.

La asistencia jurídica propone modelos de transposición y tablas de correspondencia que facilitan el trabajo de los servicios nacionales.

Una vez adoptado el texto, la Organización ofrece un seguimiento: verificación de la aplicación, sesiones informativas para magistrados y funcionarios, actualización de la ficha del país correspondiente. Este seguimiento se inscribe en los derechos y obligaciones de los Estados miembros.

Se comparten experiencias anonimizadas en la red de expertos nacionales, para que cada Estado se beneficie de las soluciones halladas por los demás.