Suspensión de un Estado miembro

Un retraso de más de veinticuatro meses en el pago de las contribuciones constituye el primer motivo de suspensión. Se aprecia a partir de las solicitudes de pago no satisfechas, tras sucesivos recordatorios. Un calendario de pago respetado no constituye un retraso.

La suspensión por impago conlleva la pérdida del derecho de voto. No exime al Estado de sus obligaciones financieras: la deuda subsiste y puede saldarse en cualquier momento.

Un incumplimiento grave de las obligaciones también puede justificar una suspensión: negativa prolongada a designar un punto focal, violación manifiesta de los convenios de referencia, oposición sistemática a las operaciones de cooperación. La apreciación corresponde a la Asamblea General, a partir del informe del Consejo.

La gravedad se evalúa caso por caso. Una divergencia de interpretación o una dificultad material no constituye, por sí sola, un incumplimiento grave.

La Dirección constata la situación y la comunica por escrito al Estado. Se le concede un plazo de tres meses (indicativo) para regularizarla o presentar sus observaciones. Si la situación persiste, el Consejo examina el expediente y propone a la Asamblea General que pronuncie la suspensión.

La decisión se adopta por votación y se notifica al Estado por vía diplomática. El Estado puede hacerse representar en la sesión para exponer su posición.

Durante la suspensión, el Estado pierde su derecho de voto y no puede presentar candidatos a los órganos. Conserva el acceso a la información esencial y sigue recibiendo las alertas de seguridad relativas al patrimonio.

Algunos servicios pueden verse limitados, por ejemplo las tarifas preferentes. Los servicios de interés común, como la notificación de robos, permanecen abiertos, pues también protegen a los demás miembros.

La suspensión se levanta cuando el Estado ha regularizado su situación: pago de las sumas adeudadas o adopción de un plan aceptado, corrección del incumplimiento constatado. La reintegración la decide una votación de la Asamblea General, a propuesta del Consejo.

Desde su reintegración, el Estado recupera la totalidad de sus derechos. El informe financiero mantiene actualizada la situación de los atrasos.