Comunicación de operaciones sospechosas

Hay que comunicar en cuanto existe una sospecha razonable, es decir, cuando un conjunto de elementos hace pensar que los fondos o la obra proceden de una actividad ilícita. No es necesario tener pruebas: el papel del operador es alertar, no investigar.

La comunicación puede hacerse antes, durante o después de la operación. Cuando la sospecha surge antes, el operador suspende la transacción a la espera de las instrucciones de la autoridad, cuando sea posible sin alertar al cliente.

La comunicación se hace mediante un formulario, disponible en el portal de la Ventanilla, que debe transmitirse a la autoridad nacional competente, con copia a la OIMAP. Incluye la identidad del operador, la descripción de la operación, los elementos que fundan la sospecha y los documentos adjuntos.

Se expide un acuse de recibo en cuarenta y ocho horas. La autoridad puede solicitar información complementaria. El operador no debe comunicar ni con su cliente ni con terceros sobre la existencia de la comunicación.

La ley protege al declarante de buena fe: no puede ser perseguido, civil ni penalmente, por haber comunicado una sospecha, aunque esta resulte infundada. Su identidad no se comunica al cliente. Están prohibidas las represalias contra un empleado que haya comunicado.

Esta protección es esencial para que los operadores se atrevan a comunicar. Va acompañada de una exigencia de buena fe: una comunicación abusiva, destinada a perjudicar a un competidor, puede comprometer la responsabilidad de su autor.