Tribunal Arbitral (TAO)

El TAO resuelve, mediante arbitraje, los litigios relativos a obras de arte, objetos de colección y patrimonio cultural. Resuelve sobre la autenticidad de una obra, su procedencia, su restitución y los contratos vinculados a su comercio: ventas, depósitos, garantías, consignaciones.

Ofrece también una solución amistosa mediante la mediación. No sustituye ni a la justicia penal, competente para las infracciones, ni a los procedimientos administrativos propios de los Estados.

El presidente del tribunal, el Pr. Henri-Louis Vasseur, preside un consejo de nueve miembros que supervisa la lista de árbitros y el reglamento. La secretaría, dirigida por Me Sofia Ndiaye, asegura la administración de los asuntos. Ningún miembro del consejo puede intervenir en un asunto.

La independencia está garantizada por varias reglas: declaración escrita de toda relación con las partes, posibilidad de recusación, rotación de los nombramientos y prohibición para la Organización de dar instrucciones a los árbitros.

El procedimiento del TAO se basa en cuatro principios: la igualdad de las partes, la contradicción, la celeridad y la confidencialidad. Las partes pueden elegir el idioma, el derecho aplicable, el número de árbitros y la sede. En su defecto, el reglamento fija soluciones por defecto.

Un calendario de procedimiento se establece desde la primera reunión y puede adaptarse. Se prevé un procedimiento acelerado para los litigios de menos de 250 000 euros, con un árbitro único y un laudo en seis meses.

El TAO contribuye a la confianza en el mercado ofreciendo una salida clara a los desacuerdos. Dicta sus laudos en plazos controlados y publica una versión anonimizada cuando las partes lo autorizan.

Trabaja también con los colegios de abogados, las cámaras de comercio y las universidades para formar en las especificidades del derecho del arte, y publica cada año un informe de actividad.

El TAO trata tanto litigios entre grandes actores del mercado como asuntos de particulares. Un baremo decreciente y una ayuda a la financiación, que puede alcanzar el cincuenta por ciento de los costes, hacen accesible el arbitraje a las partes pequeñas.

Las partes que no dominan el procedimiento pueden solicitar los consejos de la secretaría, que no da consulta jurídica pero explica las etapas, los plazos y los formularios.