Plataformas autorizadas

Para ser autorizada, una plataforma debe probar su solidez financiera, presentar sus condiciones generales, describir su política de verificación de identidad, asegurar la seguridad de sus sistemas y aceptar la mediación. Es objeto de una auditoría técnica por un experto independiente.

Se compromete también con la transparencia: exhibición de los gastos, publicación de las estadísticas de litigios, información sobre los derechos transferidos con cada token. Una autorización es válida durante tres años, con auditoría anual.

En una plataforma autorizada, cada vendedor está identificado, cada obra respaldada está controlada y cada transacción se conserva. En caso de litigio, el usuario puede acudir a un mediador independiente, gratuitamente. Si la mediación fracasa, puede acudirse al Tribunal Arbitral.

Las plataformas tienen también la obligación de responder a las solicitudes de información de las autoridades, de congelar un token señalado como robado o fraudulento y de avisar a los compradores afectados.

El sector se ha saneado: el número de plataformas ha disminuido, pero la calidad de las supervivientes ha aumentado. Las plataformas más sólidas han desarrollado servicios complementarios: peritaje, almacenamiento de la obra física, seguro, financiación.

La OIMAP fomenta estos servicios, velando al mismo tiempo por que respeten la separación de funciones: una plataforma no puede ser a la vez vendedora, experta y prestamista sobre la misma obra.