Ejecución de laudos

Las partes de un arbitraje han elegido esta vía y generalmente aceptan sus resultados. Interviene el interés reputacional: un operador que se niega a ejecutar un laudo del TAO se expone a su inclusión en la lista de malos pagadores de la OIMAP, a la pérdida de su acreditación y a una publicación anonimizada del laudo.

La amenaza de ejecución forzosa también disuade: los bienes de las partes pueden ser embargados en numerosos Estados. Los laudos motivados, dictados con respeto de los derechos de la defensa, rara vez se impugnan.

En caso de resistencia, la parte vencedora solicita el exequátur ante el juez competente del Estado donde se encuentran los bienes o la parte condenada. Este juez controla la regularidad formal del laudo, sin reexaminarlo en cuanto al fondo. Solo puede denegar la ejecución por los motivos limitados previstos en la convención.

Una vez obtenido el exequátur, el laudo tiene la misma fuerza que una sentencia local. Permite embargos bancarios, embargos de obras y otras medidas de ejecución previstas por el derecho local.

La secretaría ayuda a las partes a solicitar el exequátur: certificación del laudo, traducciones, certificados de no recurso, información sobre el procedimiento local. Mantiene al día notas prácticas por país.

En las restituciones, la secretaría puede designar un coordinador encargado de organizar la ejecución material: transporte, seguro, condiciones de conservación, entrega oficial.

Los Estados gozan de inmunidades de ejecución sobre ciertos bienes, en particular los afectos a misiones diplomáticas o a un servicio público. Ciertos bienes culturales pueden beneficiarse de regímenes de protección específicos. El tribunal tiene en cuenta estas reglas al redactar sus laudos.

En los asuntos entre Estados y personas privadas, la ejecución suele negociarse: calendario de pagos, intercambio de bienes, solución mixta. La secretaría puede facilitar estas conversaciones.