Obligaciones de los miembros

Los Estados miembros ratifican, o se comprometen a ratificar, el Protocolo de La Haya de 1954 sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las transferencias ilícitas y la Convención de UNIDROIT de 1995 sobre los bienes robados o exportados ilícitamente.

Un Estado que se compromete a ratificar dispone de un plazo razonable, fijado con la Dirección. Presenta un informe de situación anual sobre el avance del procedimiento.

Las siete Directrices de 2019 son vinculantes. La directriz n.º 2019-07, dedicada a la autenticación de los bienes culturales, fija los requisitos mínimos de verificación que un Estado impone a los operadores de su mercado.

Los Estados transponen las directrices a su derecho interno en un plazo convenido. El marco jurídico de cada Estado se describe en su ficha del país.

Cada Estado designa un punto focal, que es el interlocutor permanente de la Organización. Debe contar con la autoridad necesaria para comprometer a su administración y con un acceso regular al área de miembros. El Estado informa a la Secretaría de cualquier cambio.

El punto focal transmite las alertas, remite las estadísticas y participa en la reunión plenaria anual. El directorio está disponible en la página del directorio de puntos focales.

El pago de la contribución antes del 31 de marzo es una obligación esencial. El importe resulta de la escala, que tiene en cuenta la riqueza del país y su mercado del arte. El Estado que tenga dificultades puede solicitar un calendario de pagos.

Las modalidades se precisan en la página de pago. Un retraso de más de veinticuatro meses conlleva la pérdida del derecho de voto.

La obligación de cooperación abarca varios gestos concretos: responder a los cuestionarios estadísticos, transmitir las alertas de robo, facilitar las operaciones conjuntas y las restituciones, acoger las misiones técnicas. La aplica el punto focal.

La cooperación funciona en ambos sentidos: la Organización se compromete a responder a las solicitudes de ayuda en un plazo indicativo de quince días y a proteger la confidencialidad de la información que se le confía.