Transparencia financiera

La primera obligación es declarar cada venta significativa en treinta días: fecha, lote, precio, modalidades. La segunda es llevar un registro de las transacciones, que conserva de forma ordenada el conjunto de las operaciones del operador. La tercera es aceptar los controles de la autoridad nacional y del Observatorio.

Estas obligaciones son graduadas: un operador ocasional está sometido a una declaración simplificada, un operador autorizado al régimen completo.

Los datos declarados alimentan al Observatorio, que elabora el índice mundial, las clasificaciones y los análisis de precios. Sin ellos, compradores, aseguradores y Estados trabajarían a ciegas. La transparencia reduce también el riesgo de blanqueo, al hacer más legibles las operaciones.

Por último, protege a los propios operadores: un registro bien llevado constituye una prueba valiosa en caso de litigio o de control.

La transparencia es un equilibrio: demasiado poca, y el mercado sigue siendo opaco; demasiada, y los actores se desvían hacia circuitos menos controlados. La OIMAP ha optado, pues, por obligaciones proporcionadas, con regímenes simplificados y una fuerte protección de los datos.

Este equilibrio se reexamina en cada revisión de las directivas. La consulta pública de 2025 se referirá en particular a la extensión de la declaración a las transacciones privadas entre particulares.