Preguntas frecuentes sobre las directivas

Las directivas se dirigen a los Estados, que deben transponerlas, y a los operadores del mercado: casas de subastas, galerías, marchantes, plataformas, expertos, subastadores. Los particulares no están directamente obligados, pero se benefician de la protección de la buena fe si han actuado con prudencia.

Un particular que vende una obra por medio de una casa de subastas queda de hecho sometido a sus procedimientos, que aplican las directivas. Un particular que vende directamente no está obligado a la diligencia formal, pero asume riesgos si no verifica la procedencia.

Para un operador, las obligaciones principales son verificar la identidad de las partes y la procedencia de la obra, consultar la base BIOP, declarar las ventas en un plazo de treinta días, llevar un registro de las transacciones y conservar los justificantes diez años. Estas obligaciones varían según el importe y el riesgo de la operación.

Un umbral de vigilancia reforzada de 10 000 € desencadena verificaciones adicionales. Para las procedencias de riesgo (zona de conflicto, excavación antigua, intermediario desconocido), la vigilancia reforzada se aplica sea cual sea el precio.

Hay tres errores que se repiten. El primero es creer que basta con consultar la base BIOP: es una verificación entre otras. El segundo es no conservar las pruebas: una diligencia no documentada equivale a una diligencia ausente. El tercero es confundir declaración y registro: declarar una venta al Observatorio no exime de registrar la obra en el Registro.

Corregir estos errores basta, en la mayoría de los casos, para poner un procedimiento en conformidad. Las listas de control de la rúbrica Diligencia debida están concebidas para ello.