Derechos y obligaciones

La Organización se basa en la igualdad soberana de sus miembros. Un Estado de contribución modesta pesa tanto en la Asamblea General como un Estado cuya contribución es máxima. Esta regla protege la legitimidad de las decisiones y garantiza que se escuche a cada región.

La reciprocidad consiste en que las ventajas de la pertenencia son la contrapartida de compromisos: un Estado que no cumple sus obligaciones se expone a medidas graduales, nunca arbitrarias.

Los derechos y obligaciones de los miembros se derivan del acta constitutiva de la Organización, del reglamento interno adoptado por la Asamblea General y de las Directrices de la OIMAP de 2019. Se completan con las decisiones de la Asamblea y las circulares de la Secretaría.

Cada Estado recibe al adherirse un ejemplar de estos textos y puede consultar a la Dirección de Relaciones con los Estados Miembros sobre su interpretación.

Los derechos de los miembros se agrupan en tres familias: la participación en las decisiones, con el derecho de voto; el acceso a los servicios, como la cooperación técnica o la formación; y la representación en los órganos de la Organización, en particular el Consejo.

Se ejercen por medio del punto focal nacional, que centraliza las relaciones entre el Estado y la Secretaría.

Las obligaciones son de tres órdenes. El Estado respeta los textos de referencia: los convenios de 1954, 1970 y 1995 y las Directrices de 2019. Contribuye a la financiación, según la escala. Coopera, respondiendo a las solicitudes de información y transmitiendo las alertas.

Estas obligaciones no son gravosas; constituyen el contrapeso natural de las ventajas recibidas.

En caso de incumplimiento, la Organización comienza por el diálogo: recordatorio, entrevista, plan de regularización. La suspensión solo interviene como último recurso, tras una decisión de la Asamblea General, y es siempre reversible.

Las condiciones precisas se exponen en la página de suspensión. La reintegración de un Estado suspendido se decide por votación.