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La directiva se aplica a todo procedimiento de autenticación de un bien cultural llevado a cabo bajo los auspicios de la OIMAP o de un Estado miembro. Define el bien cultural, la autenticación, el experto, el dictamen y el expediente.

Establece el principio de reconocimiento mutuo: un dictamen emitido conforme a la directiva es reconocido por todos los Estados miembros, sin nuevo peritaje obligatorio.

El examen lo realiza un experto acreditado, designado de manera imparcial. El experto declara sus conflictos de intereses, se recusa en caso de duda y aplica el código deontológico.

Los artículos 8 a 10 regulan la designación por sorteo, la recusación a petición del solicitante y la sustitución del experto en caso de impedimento.

Los análisis son proporcionados a la obra, a su valor y a lo que está en juego. Se prefieren las técnicas no invasivas; toda toma de muestras exige el consentimiento escrito del propietario y una documentación completa.

Los laboratorios deben estar acreditados, ser independientes y someterse a comparaciones interlaboratorios. Sus informes mencionan los límites de los métodos.

El dictamen es escrito, motivado y expresa un grado de certeza entre cinco niveles definidos. Indica las fuentes, los análisis y las reservas.

El expediente se conserva durante toda la vida de la obra en el Registro. Las correcciones se añaden sin borrar lo existente. El solicitante tiene acceso a su expediente previa solicitud.

Todo solicitante puede pedir una revisión en treinta días y después acudir al Tribunal Arbitral. Los Estados transponen la directiva en un plazo de dos años e informan anualmente.

La directiva se revisa cada cinco años. Entra en vigor en la fecha fijada por la Asamblea General de 2019.