Estadísticas del tribunal

El número de solicitudes ha progresado un 62 % en cuatro años. Este crecimiento refleja el auge de las cláusulas de arbitraje en los contratos de venta de obras certificadas y la confianza de los actores del mercado en un procedimiento rápido y confidencial.

El crecimiento está impulsado por los litigios contractuales y los de autenticidad. Los litigios de restitución siguen siendo menos numerosos pero más complejos, e implican a Estados.

La duración media es de once meses: ocho meses para un procedimiento con árbitro único, catorce meses para un tribunal de tres miembros. El procedimiento acelerado dura seis meses. El plazo medio entre el cierre de los debates y el laudo es de cuarenta y cinco días, por debajo del tope de sesenta.

Para un litigio de 100 000 euros, los costes administrativos del tribunal ascienden a 6 800 euros, a los que se añaden los honorarios de los árbitros según el baremo. Una ayuda a la financiación puede reducir a la mitad los costes para las partes pequeñas.

De cada 100 mediaciones realizadas, 64 desembocan en un acuerdo, en siete semanas de media. La mediación evita así el arbitraje en casi dos casos de cada tres cuando se intenta.

En cuanto a los laudos, la tasa de ejecución voluntaria es del 81 %. En los demás casos, el exequátur se solicita en el Estado donde se encuentran los bienes o los activos. No se ha pronunciado ninguna denegación de exequátur por motivo de fondo desde 2019.

Las casas de subastas, galerías y marchantes representan el 41 % de las partes, los coleccionistas privados el 33 %, las instituciones y museos el 12 %, los Estados el 6 % y los demás actores el 8 %. La mitad de los asuntos enfrentan a partes de países diferentes.

La distribución por región muestra un predominio europeo (44 %), seguido de Norteamérica (24 %) y Asia-Pacífico (17 %). Oriente Medio es la que más rápido progresa, con un aumento del 35 % en un año.

Las estadísticas las elabora la secretaría a partir de los expedientes cerrados a 31 de diciembre de cada año. Los asuntos en curso no se cuentan en las duraciones. Los datos personales y los nombres de las partes no se publican nunca.

Un control externo anual verifica las cifras publicadas. Los métodos de cálculo se describen en una nota metodológica adjunta al informe anual.