El saqueo arqueológico

La pobreza es una causa importante: en algunas regiones, un objeto vendido por unas decenas de euros representa un mes de ingresos. Las redes criminales explotan esta situación financiando equipos de excavación. Los conflictos agravan el fenómeno al desorganizar la vigilancia.

La demanda del mercado es el motor final. Mientras haya compradores que compren sin hacer preguntas, se seguirán arrancando objetos de sus sitios. Por eso la diligencia debida es una herramienta de protección de los sitios.

Los saqueadores utilizan palas y detectores de metales, a veces máquinas y, en los casos más graves, explosivos. Excavan de noche, en pequeños equipos, y apuntan a las tumbas y a los sitios ya localizados. Las imágenes de satélite muestran zonas enteras acribilladas de agujeros.

Los objetos se limpian después, a veces se restauran toscamente, y se revenden a intermediarios. Los más valiosos siguen un recorrido internacional complejo. Los más modestos alimentan los mercados locales y las ventas en línea.

La respuesta jurídica pasa por leyes disuasorias y su aplicación efectiva: sanciones penales, control de los detectores de metales, régimen de propiedad de los hallazgos. La respuesta técnica pasa por la vigilancia, la protección física y la documentación de los sitios.

La respuesta social es igual de importante: empleos locales, reparto de los beneficios del turismo, educación, reconocimiento del papel de las comunidades. La OIMAP apoya proyectos en los que los habitantes se convierten en guardianes de su patrimonio.

El saqueo afecta también a las personas: saqueadores expuestos a derrumbes, minas o violencia, comunidades privadas de su historia, guardianes amenazados. Hay guardianes de sitios que han resultado heridos o muertos defendiendo su patrimonio.

La OIMAP rinde homenaje a estas mujeres y a estos hombres y apoya a sus familias mediante un fondo de solidaridad alimentado con donaciones. La protección del patrimonio es también una lucha por la dignidad humana.